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La Acción o Recurso de Amparo hasta el 2006 – Parte VI (Documento Histórico)

El AMPARO EN DIFERENTES PAÍSES DE LATINOAMERICA

(Parte C)

Ver parte I 

Ver parte II

Ver Parte III

Ver parte IV

Ver parte V

 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

 

En la República de Paraguay el amparo estaba basado en el artículo 77 de la constitución de 1967 que versa de la siguiente manera: Toda persona que por un acto u omisión ilegitimo, de autoridad o de un particular, se crea lesionada o en peligro inminente de serlo, de modo grave, en un derecho o garantía que consagre esta Constitución, o la ley, y que por la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá recurrir ante cualquier Juez de Primera Instancia a reclamar amparo. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción publica, y el Juez tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. La ley reglamentara el procedimiento.”

 Actualmente el amparo esta contenido en el artículo 134, luego de la Constitución de 1992 que expone que: “Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. el procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley.

 El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.

Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, será competente la justicia electoral.

El Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. [1]

 La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el Amparo no causarán estado.” [2]

No obstante el artículo 565 del Código de Procedimiento Civil de Paraguay expone contra que no se debe interponer una acción en amparo expresando que:

No procederá:

a) contra resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales;

 b) cuando se trate de restricción a la libertad individual en que corresponda la interposición de habeas corpus;

 c) cuando la intervención judicial impidiere directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia de la prestación de un servicio público o desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado.”

 

PROCEDIMIENTO

 

El procedimiento de amparo paraguayo esta contenido en los artículos 569 al 588 estos expresan que:

 El amparo de iniciarse mediante el depósito de un escrito que contendrá la calidad de la persona que lo interpone con los hechos sucedidos y los derechos a reclamar, así como también las pruebas o una señalización de quien la posee dichas pruebas en caso de que el invoque la acción no tenga acceso a ella.

 El juez sin plazo alguno conoce del caso, si no procede lo rechazara y ordenara el archivo del expediente, pero si procede, el juez ordena un informe exponiendo los antecedentes, con un plazo de 3 días.

 Luego se efectúa el juicio con la contestación de pruebas, comparecencias e informativos testimoniales.

 Dentro de los próximos 2 días el juez debe de leer sentencia acogiendo o rechazando el amparo, la cual podrá ser recurrida según el artículo 581 del Código de Procedimiento Civil Paraguayo.[3]

  

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 

En la República Oriental del Uruguay, la acción en amparo no se establece de forma expresa en la constitución, no obstante se interpreta a través de los artículos de la misma.  (Arts  7, 72 y 332).[4]

 Es considerado el amparo es por encima del Habeas Corpus la garantía de principio por proteger los todos los derechos fundamentales exceptuando el de la libertad física.

 El amparo en Uruguay no procede contra:

A) no procede en defensa de la libertad física, como ya mencionamos.

B) los actos jurisdiccionales.

C) los actos de la corte electora, entre otras.

 Los tribunales competentes son según el artículo 320 de la ley 16226, en la Capital de Uruguay son competentes los Juzgados Letrados de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo, en las demás provincias la competencia le pertenece a los Juzgados Letrados de 1ra. Instancia del Interior, y el resto de las materias son competentes los jueces en lo civil  penal,  laboral, etc.

 

PROCEDIMIENTO

 

Se presenta el interesado mediante un escrito ante le tribunal competente exponiendo al tribunal a quien se lo dirige las calidades, los hechos, las causas, la contraparte y derechos a reclamar, con las firmas de su apoderado o abogado.

 El plazo de prescripción para interponer la demanda es de 30 días según el artículo 4 de la Ley 16011 sobre el amparo.

 Si la demanda es improcedente según el artículo 2 de la Ley el Juez la rechazará y ordenará el archivo definitivo.

 Si es acogida se convoca a una audiencia pública dentro del plazo de tres días de la presentación de la decisión.

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

En la República de Colombia la acción de amparo es conocida como “la tutela”, la cual es considerada como la acción mas eficaz e importante para la defensa de los derechos fundamentales.

 Esta acción está contemplada y regulada por la Constitución, y por otras leyes. La tutela es muy avanzada, esta “consiste en la protección inmediata de los derechos fundamentales, ante las acciones u omisiones de las autoridades o de los particulares -en los casos en que determine la ley”.[5]

El procedimiento de la tutela esta establecido en el Decreto No. 2591 del 19 de noviembre del 1991.[6]

Esta puede ser ejercida hasta por un menor de edad o incapaz, por escrito o verbal si no sabe escribir y debe contener la solicitud lo siguiente:

a) Datos del solicitante.

b) Lo que da origen a la violación o amenaza del derecho fundamental, y especificar el derecho que se quebranta.

b) El autor que ocasiona el daño y los hechos más relevantes.

La tutela esta contemplada en la Constitución desde el artículo 86 al 91, que versan de la siguiente manera:

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

ARTICULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.”

 

BIBLIOGRAFIA Y PIE DE PAGINA


[1] Código de Procedimiento Civil de Paraguay. Modificado por Ley Nº 600/95.

[2] El texto contentivo del procedimiento expresado en la legislación en sus artículo 565 y siguientes anexados a la presente memoria.

[3] Código de Procedimiento Civil de Paraguay. Modificado por Ley Nº 600/95.

[4] Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.

Artículo 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.

Artículo 332. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.

[5] http://www.scielo.cl/scielo.php

[6] Anexado a la presente memoria.

 

 

 

Esta es una disertación realizada antes del 2007 y quiero compartirla con ustedes. Muchas de estas legislaciones se han modificado por lo que estas informaciones sirven de datos históricos ya que no se encuentran actualizadas. País: República Dominicana. (Tesis presentada a fines académicos)

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La Acción o Recurso de Amparo hasta el 2006 – Parte IV (Documento Histórico)

El AMPARO EN DIFERENTES PAÍSES DE LATINOAMERICA

(Parte A)

Ver parte I 

Ver parte II

Ver Parte III

REPÚBLICA DE ARGENTINA

 En argentina existió primero el proceso de hábeas corpus, que protege la libertad corporal y física ante la detención arbitraria y no legal. Este proceso no era aplicable a la protección de ningún otro derecho, por lo que existía un vació constitucional, y en consecuencia se dieron inicios del amparo a través de dos jurisprudencias (caso de “Siri” de fecha 27 de Diciembre del 1956 y “Kot” de fecha 25 de octubre 1958)[1].

 CASO SIRI

El caso del Señor Ángel Siri, conocido como el caso Siri se trató de que este señor fue detenido por las autoridades y esto hizo que clausurara su empresa (era propietario del diario Mercedes) y por ello interpuso un recurso de amparo a favor de la libertad de imprenta y de trabajo.

 Este recurso fue rechazado puesto que no era un recurso de hábeas corpus, puesto que ese sólo protegía la libertad física y corporal de los individuos, por lo que a la hora de apelar, la corte, quien fallo a favor del recurrente,  hizo salvedad de que éste no invocó un hábeas corpus, sino que elevó un recurso sobre su garantía de libertad de imprenta y trabajo, por lo que fue aquí donde se mostró la necesidad de un recurso que protegiera los demás derechos que no protegía el hábeas corpus. [2]

 CASO KOT

El caso Kot, proveniente de Samuel Kot, el cual se trató de un conflicto laboral en una fábrica donde se presentaron huelgas y problemas entre empleadores y trabajadores, por lo que se elevó un hábeas corpus por los supuestos delitos realizados hacia la fábrica y el tribunal falló en contra, exponiendo que el hábeas corpus no era la materia de competencia para ese tipo de demanda, por lo que, luego al apelar en la Corte, esta especifica que debe regirse por la materia por lo que abrió camino definitivo al amparo y en donde en esa sentencia el dispositivo contempla la restitución de la fábrica a sus propietarios, libre de ocupantes.

 Según José Luis Lazarini en su obra: “EL juicio de amparo” estas sentencias proceden para salvaguardar los derechos constitucionales, exceptuando la libertad física, protegida por el hábeas corpus.

 Más tarde fue promulgada la Ley Nacional de Amparo No. 16986 del 18 de octubre de 1966, que ofrece protección contra todo acto u omisión de autoridad pública ilegal que viole los derechos o garantías respaldados por la constitución nacional y solamente procederá cuando no existan otros recursos. Luego el 23 de diciembre de 1965 fue promulgada la ley 7166 solo para Buenos Aires.[3]

PROCEDIMIENTO

 Se presenta una persona jurídica o moral ante el Tribunal de Primera Instancia donde haya ocurrido la violación del derecho que se alega y se hace depósito de un escrito y firmado por el que reclama su derecho o derechos el cual contendrá las calidades, hechos y derechos violados por el cual se interpone el amparo.

 Luego el Juez estudia la petición y si ésta no procede o es inadmisible la rechaza y ordena el archivo del expediente. En caso de que sea procedente entonces inicia la etapa del juicio de amparo, donde el Juez ordenará al requerido un informe en donde debe sustanciar el caso y éste podrá a la vez hacer depósito de pruebas.

 El Juez luego de haber vencido el plazo otorgado para el depósito del informe fallará mediante sentencia luego de cuarenta y ocho (48) horas, rechazando o acogiendo el amparo, y en caso de este último el Juez en su decisión deberá contener según el artículo 12 de la Ley de Amparo:

  1. La referencia de la autoridad por la cual se permite el amparo.
  2. La especificación del comportamiento a cumplir.
  3. El plazo para cumplir el comportamiento.

Estas sentencias son apelables si son definitivas o si declaran la inadmisibilidad entre otras.[4]

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

 La primera Constitución brasileña fue en el 1891, luego fueron promulgadas otras Constituciones en 1934, 1946, 1967 y 20 de septiembre de 1988.

 Esta última constitución así como las anteriores protegen los derechos que conocemos como los fundamentales, de todos los residentes en la nación.[5]

 Lo que conocemos como acción de amparo en la mayoría de los países, es conocido en Brasil como el “Mandado de Segurança” o “Mandado de Seguridad”; el cual protege cualquier derecho que no sea de atribución al habeas corpus.

 En brasil se exige que para que sea de competencia el mandado de seguridad debe ser un derecho individual, liquido, cierto y que no procesa si la violación fue por un particular.[6]

 El Mandado de Seguridad está fundamentado en el artículo 5, 108, 109 Y 121 de la Constitución Brasileña que versa de la siguiente manera:

“Artículo 5.- Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza garantizando a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad en los términos siguientes:…

 LXVIII.- Se concederá el “Habeas-Corpus” siempre que alguien sufriera o se hallara amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de movimiento, por ilegalidad o abuso de poder;

 LXIX.- Se concederá el mandato de seguridad para proteger el derecho líquido y cierto, no amparado por “Habeas-Corpus” o “Habeas-Data”, cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuera autoridad publica o agente de personas en el ejercicio de atribuciones del Poder Público;

 LX.- El mandato de seguridad colectivo puede ser solicitado por:

a) Partido político con representación en el Congreso Nacional;
b) Organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento por lo menos de
un año, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados;…

 Artículo 108.- Compete a los Tribunales Regionales Federales:

I.- Procesar y juzgar, originalmente:…

c) Los mandatos de seguridad y los Habeas-Data contra el acto del propio tribunal o del juez federal;…

 Artículo 109.- A los Jueces Federales compete procesar y juzgar:

VIII.- Los mandatos de seguridad y los Habeas-Data contra el acto de autoridad federal, exceptuados los casos de competencia de los tribunales federales;…

 Artículo 121.- La ley complementaria dispondrá sobre la

organización y competencia de los Tribunales, de los jueces de
derecho y de las juntas electorales…

 3o. Son inapelables las decisiones del Tribunal Superior

Electoral, salvo las que contrariasen esta Constitución y
las denegatorias de Habeas-Corpus o mandato de seguridad.

 4o. De las decisiones de los Tribunales Regionales Electorales

solo podrá haber recurso cuando:…

 5º. Denieguen Habeas-Corpus, mandato de seguridad,

Habeas-Data o mandato constitucional.”

Básicamente el Mandato de Seguridad protege las resoluciones y los actos administrativos de las autoridades de la Nación.

 

 

 

REPÚBLICA DE CHILE

 

 Extraído de la idea de los profesores Don Jaime Navarrete y Don Eduardo Soto Kloss, eN 1972, fue llevado por ante el Congreso Nacional un proyecto donde se presentaba el amparo.[7]

Más tarde en 1976 fue promulgada la ley 1552 donde se exponía dicha acción, que consiste para ellos, en un recurso de protección que conlleva un procedimiento sencillo contra los actos de la autoridades que afecten los derechos fundamentales al cual toda persona tiene acceso.[8]

La Constitución Chilena establece en su artículo 103 que los Tribunales Federales son los competentes para conoce del juicio de amparo.

 Existen dos tipos de procedimientos de amparo en los tribunales:

1ero. El amparo indirecto o bi instancial.

2do. El amparo directo o uni instancial.

 

El Amparo indirecto o bi instancial

 Este se da en la Suprema Corte, en pleno, mediante recurso de revisión. Este conoce las sentencias pronunciadas en las audiencias constitucionales que son emanadas de los Jueces del Distrito, tales como la de competencia exclusiva, que trata sobre que el acto que se reclama es una ley federal.

 Este tipo de amparo contiene la facultad de atracción, que quiere decir que no existe su especificación expresamente, pero le pertenece a circunstancias que se consideren especiales el cual es conocido por una de las salas de la Suprema Corte.

Ahora bien si da a lugar una sentencia de revisión contra la de un Tribunal de Distrito que no trató sobre materia de leyes federales ni tratados internacionales o equivalentes, tienen competencia los Tribunales de colegiados De Circuitos.[9]

 

El Amparo directo o uni instancial

 Este tipo de amparo consiste en que la Suprema Corte de Justicia en pleno, mediante revisión, conozca los fallos de los Tribunales Colegiados de Circuito directamente sobre sentencias de inconstitucionalidad en materia internacional o sobre reglamentos del Presidente de la República o de los Gobernadores de Estado.

 Tiene como característica este amparo la facultad de atracción si lo amerita, ya sea por que este revestido de mucho interés, como una sentencia o resolución de un Tribunal, y en este caso tiene competencia una de las salas de la Suprema Corte.

 Para los casos que no conozcan de leyes o reglamentos federales o tratados internacionales o demás emanados por los Tribunales de Distrito, los Tribunales Colegiados fungen como Supremas Cortes hasta que termine el proceso de amparo.

 Debe hacerse la salvedad de que puede interponerse de un recurso de amparo ante los Tribunales del Distrito por medio de amparo indirecto contra cualquier acto emanado por una autoridad y que no sea una sentencia definitiva.[10]

  

REPÚBLICA DE COSTA RICA

 La Constitución en Costa Rica señala en su artículo 48 que: “Toda persona tiene derecho… al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República.”

 En Costa Rica, la Ley de Jurisdicción Constitucional del 11 de octubre de 1989 dispone, en su artículo 35 que: “el recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.  Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso”.

 Estos derechos consagrados que son protegidos en el artículo 48 son los comunes y basados en las convenciones anteriormente estudiadas.

 Como observamos en la Constitución de este país, es conocido como un recurso y no como una acción como es el caso de República Dominicana y no se necesita pasar por ningún recurso administrativo.

 Sala Constitucional define el Recurso de Amparo como:  “Es el recurso mediante el que cualquier persona puede acudir a la Sala Constitucional, si considera que un acto u omisión viola o amenaza los derechos (no protegidos por el recurso de hábeas corpus) que en su favor estipulan la Constitución Política o los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica. Se encuentran regulado en los artículos 29 a 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional… procede contra toda acción, omisión, acuerdo o resolución no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos, que viole o amenace violar los derechos y libertades fundamentales. No procede el amparo contra las leyes, decretos y reglamentos salvo que se impugnen junto con actos de aplicación individual, o cuando se trate de normas que resulten obligatorias por su sola promulgación. Tampoco procede contra las resoluciones y actuaciones del Poder Judicial; los actos que realicen las autoridades administrativas cumpliendo órdenes judiciales; o los actos y disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.”[11]

 

PROCEDIMIENTO

 Se le reconoce a cualquier persona que tenga interés en ejecutar este recurso en interponerlo. Y para apoderar al Tribunal existe una facilidad, es decir, puede ir otra persona que no haya sido la afectada; puede ser por medio de cualquier escrito a mano o a maquina, por fax o telegrama.

 En principio tiene una prescripción de 2 meses luego de que haya finalizado sus resultados.

 Para interponer un recurso de amparo en Costa Rica debe dirigirse el interesado a la Sala Constitucional y esta a su vez luego de que se exprese por medio escrito el recurso, le notifica a la contraparte que se ha admitido un recurso de amparo en su contra y que debe contestar en un plazo determinado en el cual inicia la misma resolución. Luego la persona notificada se dirige a la Oficina Jurídica donde le indicarán como proceder.

 En la Oficina Jurídica el recurrido tomará copia del expediente del recurso y luego la contraparte redactará un informe con sus calidades y los hechos ocurridos en torno a la interposición del recurso, así como también cualquier otra información adicional que considere necesaria, el cual deberá remitir a dicha Oficina.

 La Oficina se encargará de examinarlo y coordinará con la contraparte para que se haga revisión del informe, para que más tarde la Oficina lo deposite en la Sala Constitucional y las partes deberán solamente esperar a que esta conozca, falle  y notifique la sentencia que no será susceptible de ningún recurso.[12]

 

BIBLIOGRAFIA Y PIE DE PAGINA


[1] Ídem.

[2] José Luis Lazarin. EL juicio de amparo. Págs. 69

[3] José Luis Lazarin. EL juicio de amparo. Págs. 69

 [4] Ley 16.896 sobre el Amparo Argentino General, del 18 de octubre del 1966.

[5] Padillas, Enrique. El Recurso de Protección ante el Derecho Comparado. Pág. 67.

[6] Padillas, Enrique. El Recurso de Protección ante el Derecho Comparado. Pág. 68.

[7] Eduardo Soto Kloss, El recurso de protección. Orígenes, doctrina, jurisprudencia. Editorial Juridico de Chile, 1982, Santiago. Pág. 23.

[8] Padillas, Enrique. El Recurso de Protección ante el Derecho Comparado. Pág. 73.

[9] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pág. 704.

[10] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pág. 765.

[11] Ídem. Pág. 2.

[12] Vega Robert, Rolando, Director de la Oficina Jurídica.  ¿Que es el Amparo?- Marzo 2002. Pág. 3.

 

 

 

Esta es una disertación realizada antes del 2007 y quiero compartirla con ustedes. Muchas de estas legislaciones se han modificado, por lo que estas informaciones sirven de datos históricos ya que no se encuentran actualizadas. País: República Dominicana. (Tesis presentada a fines académicos).

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La Acción o Recurso de Amparo hasta el 2006 – Parte III (Documento Histórico)

ANTECEDENTES DEL AMPARO: LATINOAMERICA

 Ver parte II

Los antecedentes de la acción de amparo en Latinoamérica, pueden englobarse según las diferentes doctrinas emergidas a través del tiempo, las cuales serán expuestas a continuación:

 Como punto de inicio la acción en amparo posee como “cuna” principal a los Estados Unidos Mexicanos, desarrollándose  en diferentes etapas:

 ü  Época Azteca: Donde se desarrolló el reinado de Moctezuma, totalmente autoritario, y por reacción negativa del pueblo ante este, trajo como consecuencia la creación de una justicia indígena y nativa, que pretendía ser rápida y correcta para “defender y amparar” a quien la reclama, teniendo en cuenta que los tribunales existentes eran independientes del régimen autoritario.[1]

 ü  Época de Colonización: Esta se divide en dos fases:

  • PRIMERA FASE: Consiste en que a la llegada de los españoles, se realizaban juicios de residencia que consistían en investigar todo tipo de acción hechas  por funcionarios públicos (alcaldes, virreyes, etc.) y estos no podían abandonar el territorio donde se encontraban. Estos juicios se empleaban para la protección de los indígenas en las Audiencias de Indias. Existía para la época el llamado “Recurso de Fuerza[2]”, en el cual se demostraba o probaba a que ámbito pertenecía la jurisdicción, si era eclesiástica, civil y otra índole.
  • SEGUNDA FASE: Consistía en la creación concreta del amparo colonial, donde debían seguirse los siguientes pasos para ser elevada dicha acción:

a.   La solicitud o la petición.

b.   Exponer en la petición quien es que la solicita. (Los indígenas).

c.    Lo que se reclama o se solicita.

d.   El derecho que alegan los indígenas que pueden reclamar.

e.   Los responsables de la demanda.

f.    La autoridad a la que se apodera en “amparo”

Según Andrés Lira, reconocido como descubridor de este amparo, consideraba que: “El amparo colonial es una institución procesal que tiene por objeto la protección de las personas en sus derechos, cuando estos son alterados o violados por agraviantes, que realizan actos injustos, de acuerdo con el orden jurídico existente y conforme al cual, una autoridad protectora, el virrey, conociendo directamente o indirectamente como presidente de la real audiencia de méxico, de la demanda del quejoso agraviado, sabe la responsabilidad del agraviante y los daños actuales y los futuros que siguen para el agraviado, y dicta el mandamiento de amparo para protegerlo frente a la violación de sus derechos, sin determinar en este la titularidad de los derechos violados, y solo con el fin de protegerlos de la violación[3]”. En esta fase también surgió el recurso por nulidad por injusticia notoria que era aplicado a las decisiones judiciales, contrarias a la legislación de aquella época.[4]

 ü  INDEPENDENCIA DE MÉXICO: Inicia la lucha por la independencia en 1810, la cual en principio fue encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio María de Allende, la cual duró aproximadamente once años hasta que en 1821 los Estados Unidos de México es proclamado como país independiente, y tiene como día de la Independencia oficial el 16 de Septiembre de 1821.[5]

 ü  INICIO DE LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD: Con la declaración de libertad de los esclavos la cual fue proclamada por Miguel Hidalgo y Costilla el 6 de diciembre de 1810 en la ciudad de Guadalajara, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI, con un plazo de 10 días para la dicha proclamación.[6]

 ü  EDICTO SOBRE LA LIBERTAD DE LOS INDIOS: Se hace manifiesto del documento el de diciembre del 1810 y más tarde en 1813 el 5 de octubre se emite el Decreto que desintegraba la esclavitud. [7]

 ü  PROYECTO DE CONSTITUCIÓN: En el cual fue integrando el habeas corpus por la escuela nacional de jurisprudencia Eduardo Ruiz.[8]

ü  APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN: El 22 de octubre de 1814, siendo esta la primera constitución que establece la seguridad de los ciudadanos. (no entró en vigencia por ser anterior a la independencia).[9]

 ü  PRIMERA CONSTITUCIÓN: De octubre del 1824, la cual fue la Primera Constitución que entró en vigencia, y contenía la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la libertad de escribir y publicar ideas políticas sin censura previa, la religión católica como única, entre otras disposiciones.[10]

 ü  LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES: La primera ley se promulgó el diciembre de 1835; la segunda en abril de 1836 y las restantes en diciembre de ese año, donde se establecieron mas garantías para el ciudadano mexicano. Las cuales fueron reformadas en 1840 por el Congreso Nacional.[11]

 

 HISTORIA

El término amparo fue utilizado por primera vez en el Proyecto de Constitución de Yucatán, en el derecho positivo de México por Don Manuel Crescencio Rejón a finales del 1840.

Surge luego el 31 de marzo 1841 la Constitución de Yucatán donde se incorporó el Amparo, que luego fue reformada en el 1847.[12]

Con el término de “amparo” se pretendía establecer la prerrogativa a la Suprema Corte de Justicia para amparar las personas en el goce de sus derechos violados.

Más tarde entre 1857 y 1917 otros legisladores se inspiraron con el Proyecto de Cresencio Rejón para nuevas garantías constitucionales aparte de las ya existentes.

Para el 1842 se designó una comisión formada por 7 miembros para la elaborar un proyecto constitucional posterior a la consideración del Congreso sobre las violaciones de las garantías individuales.

 Aquí es donde se anunció solo la acción como reclamo de las garantías individuales y no a toda infracción constitucional como lo establecía Cresencio Rejón.

En 1847 se aseguraron los derechos del hombre y se fijan las garantías constitucionales con la Constitución del Yucatán.[13]

BIBLIOGRAFIA Y PIE DE PAGINA


[1] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Págs. 75-79.

[2] “Es el recurso que hacia valer contra las autoridades civiles, quien creía tener derecho a que conocieran del caso las eclesiásticas y viceversa.” Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pág. 83.

[3] Lira González, Andrés. El Amparo Colonia y el Juicio de Amparo.

[4] Arellano, Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Págs. 80-87.

[5] www.google.com.do- Link: La Independencia de México.

[6] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pág. 88.

[7] Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Articulo: Miguel Hidalgo.

[8] Ernesto de la Torre Villar, Moisés González Navarro y Stanley Ross, Historia Documental de Mexico, UNAM, México 1964, Tomo II, Pág. 80.

[9] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pag. 90.

[10]  Informe del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la Republica de México-Nueva Ley de Amparo. Agosto del 2003. Págs.33-34.

[11] Arellano García, Carlos. El Juicio de Amparo. Pag. 96.

[12] Informe del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la Republica de México-Nueva Ley de Amparo. Agosto del 2003. Págs.35-37.

[13] Lazzarini, José Luis, El Juicio de Amparo. Pág. 38.

 
Esta es una disertación realizada antes del 2007 y quiero compartirla con ustedes. Muchas de estas legislaciones se han modificado, por lo que estas informaciones sirven de datos históricos ya que no se encuentran actualizadas. País: República Dominicana. (Tesis presentada a fines académicos).

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La Acción o Recurso de Amparo hasta el 2006 – Parte I (Documento Histórico)

Esta es una disertación realizada antes del 2007 y quiero compartirla con ustedes. Muchas de estas legislaciones se han modificado por lo que estas informaciones sirven de datos históricos ya que no se encuentran actualizadas. País: República Dominicana. (Tesis presentada a fines académicos)

El derecho constitucional es la columna vertebral de todas las ramas  existentes del derecho, ya que como su nombre lo indica es “constitucional”, por lo que su texto es la Carta Magna. No obstante  esta debe respetar los convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por sus respectivos países.

 En estas entradas tendremos de ejes principales:

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948 expresa en su art. 8 que : “Toda persona tiene Derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales Nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la Ley”.-

b)La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, del 7 al 22 de noviembre de 1969, donde en su artículo 25.1 expresa que:Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

La importancia de estos artículos es que le dan nacimiento en el ámbito del derecho positivo a una acción para proteger parte de lo que le pertenece a la dignidad del hombre: sus derechos; los cuales son intrínsecos y sagrados. Así mismo estos promueven el reforzamiento de las amistades entre Naciones.

Básicamente este recurso en la mayoría de los Estados es conocido como el amparo, para unos es un recurso (Costa Rica), para otros es una acción (República Dominicana), una tutela (Colombia), un mandado de seguridad (Brasil), o un juicio (México); no obstante el nombre es solo una forma de llamar a este proceso que en conclusión protegen el mismo fin: los derechos fundamentales. Haciendo la salvedad que se excluyen los derechos relativos a la libertad del hombre, que son protegidos por el Habeas Corpus, que no es más que otra garantía de los derechos.

EL amparo es una de las instituciones mas transparentes ya que se muestra como medio de protección con sus características de celeridad y sencillez.

A modo de conocimiento en Europa básicamente todos los países utilizan la vía del référé o referimiento (Francia principalmente), que no es más que otra garantía para estos de la protección de los derechos y todo lo vinculado con estos son resueltos por esa vía.

Como expresa Enrique Padillas en su obra El Recurso de Protección Ante el Derecho Comparado: “el référé europeo y el amparo latinoamericano; el primero, que es como una prolongación de los interdictos posesorios y busca proteger derechos en forma urgente y provisional, y el sistema latinoamericano, que se inspira en el habeas corpus, cuyas normas extiende a la defensa de otros derechos.”[1]

Sin embargo países como España e Inglaterra poseen el amparo así como también en référé, al igual que en países de Latinoamérica hay países que poseen ambos procedimientos (República Dominicana).

En los países Latinoamericanos han ido surgiendo entidades jurisdiccionales a nivel internacional,  como son la Corte de Justicia Centroamericana conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; así como también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conformada por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. No obstante, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que tiene mayor importancia.

El derecho constitucional de nuestro país se caracteriza principalmente por el artículo 8 de nuestra Constitución donde se consagran los derechos fundamentales de la República Dominicana.

Cualquier régimen democrático basado en la constitucionalidad que pase por encima de la constitución “muere por inanición.”

Por supuesto que existe el derecho constitucional dominicano y derecho constitucional comparado como materias en ciencias jurídicas donde se postulan los fuertes jurídicos de cualquier nación.

Cuando se les viola uno de los derechos fundamentales a cualquier individuo o ciudadano ejercemos para su protección de estos mismos la acción de amparo o su equivalente dependiendo del nombre que se le haya otorgado en cada país.

La acción de amparo es la que tiene por objeto la pretensión tendiente a que se deje sin efecto un acto u omisión de autoridad publica o de un particular que en forma actual e inminente, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícitamente o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.

En nuestro país no existe un procedimiento definido de la acción de amparo que resulta ser muy importante y a menudo se le confunde con el referimiento que es otro tipo de acción en justicia, aunque esté basado en este.

República Dominicana carece de conocimiento básico de este tema tan importante como lo es la acción de amparo. Este es un tema muy interesante y debemos conocer de su campo jurídico y su procedimiento. Por lo cual comprendemos que son múltiples razones que nos lleva a investigar y exponer temas como este.

Nuestro Estado necesita ver claramente el procedimiento para la acción de amparo debido a su importancia en el orden jurídico. Debe establecerse diferencia entre recurso y la acción, para la visión dominicana.

¿Por qué el amparo es una acción y no un recurso? ¿Es el referimiento igual que la acción en amparo? ¿Dónde se establece el procedimiento de acción de amparo?

Las respuestas de manera simple podemos responderlas de la siguiente forma:

a) La acción en amparo no es un recurso. Ya que el recurso es un hecho de deferir por la vía correspondiente una decisión tomada, y la acción nos sirve para ejercer la justicia.

b) En el amparo tenemos un juez de fondo, en el referimiento no. En el acción de amparo deben dictarse sentencias rápidas y dictando el resarcimiento de un derecho o omisión de un acto que viole un derecho fundamental, mientras que en el referimiento se busca una ordenanza urgente y provisional sobre la ejecución u omisión un acto.

c) Nuestro país no tiene un procedimiento concreto establecido. Solo posee sentencias y resoluciones dictadas por nuestra Suprema Corte de Justicia.

Es importante resaltar que la base de la existencia de una garantía, es lo que protege, en este caso, los derechos fundamentales del hombre por lo que presentaremos los diferentes tratados y pactos internacionales donde han participado países latinoamericanos para establecerlos de manera concreta por medio de un escrito y ser oponible a todo Estado que firmó y ratificó.

La protección de las normas jurídicas es de carácter público.

Nuestro sistema es democrático y por lo tanto se regla como base principal de una Carta Magna: La Constitución de la República Dominicana.

Es sumamente difícil algunas veces cuando en el orden jurídico  necesitamos resolver algunos conflictos; pero es primordial la protección de los derechos fundamentales por lo cual la acción de amparo tiene carácter de importancia por encima de otros.

El objeto de este trabajo es indagar e investigar los verdaderos pasos desde principio a fin para seguir y realizar dicha acción para conocimiento no solo de licenciados y doctores en el ámbito jurídico pero también para el conocimiento de toda la población Dominicana a nivel nacional.

 La primera consiste en los conceptos fundamentales de lo que podría abarcar el tema para un mejor entendimiento y para así poder llegar al fin que pretendemos mostrar e la presente memoria final. Las demás ya vendrían siendo la descripción que en si se han hecho de forma procedimental de la acción en amparo.

Los métodos y técnicas para efectuar esta investigación consisten en fuentes tanto primarias como secundarias y teorías de recolección de datos y pensamientos básicamente, puesto que es un tema muy amplio y se puede conseguir bastante información y más aun en el derecho constitucional comparado pues el amparo proviene de Latinoamérica básicamente.

Es de sumamente importancia el sistema de control y protección de la integridad del individuo protegidos por el artículo 8 de nuestra Constitución.

En todo Estado que sea respaldado por el derecho constitucional debe hallarse un mecanismo para su protección contra el quebrantamiento a su institución y premisas fundamentales, pues de no ser así las leyes constitucionales estarían a falta de la fuerza coercitiva que les da el carácter de respaldo para que estas no sean más que normas y teorías.

Primeramente veremos todos los libros, obras y ensayos sobre la acción de amparo en los países latinoamericanos, principalmente México, Argentina y Costa Rica.

También las expresiones y actitudes por las cuales accionan en amparo; y con esto comparo la mentalidad dominicana y el régimen jurídico de los diversos países.

[1] Pág. 8.

 

VER PARTE II

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