La Acción o Recurso de Amparo hasta el 2006 – Parte VI (Documento Histórico)

El AMPARO EN DIFERENTES PAÍSES DE LATINOAMERICA

(Parte C)

Ver parte I 

Ver parte II

Ver Parte III

Ver parte IV

Ver parte V

 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

 

En la República de Paraguay el amparo estaba basado en el artículo 77 de la constitución de 1967 que versa de la siguiente manera: Toda persona que por un acto u omisión ilegitimo, de autoridad o de un particular, se crea lesionada o en peligro inminente de serlo, de modo grave, en un derecho o garantía que consagre esta Constitución, o la ley, y que por la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá recurrir ante cualquier Juez de Primera Instancia a reclamar amparo. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción publica, y el Juez tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. La ley reglamentara el procedimiento.”

 Actualmente el amparo esta contenido en el artículo 134, luego de la Constitución de 1992 que expone que: “Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. el procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley.

 El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida.

Si se tratara de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas, será competente la justicia electoral.

El Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. [1]

 La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el Amparo no causarán estado.” [2]

No obstante el artículo 565 del Código de Procedimiento Civil de Paraguay expone contra que no se debe interponer una acción en amparo expresando que:

No procederá:

a) contra resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales;

 b) cuando se trate de restricción a la libertad individual en que corresponda la interposición de habeas corpus;

 c) cuando la intervención judicial impidiere directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia de la prestación de un servicio público o desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado.”

 

PROCEDIMIENTO

 

El procedimiento de amparo paraguayo esta contenido en los artículos 569 al 588 estos expresan que:

 El amparo de iniciarse mediante el depósito de un escrito que contendrá la calidad de la persona que lo interpone con los hechos sucedidos y los derechos a reclamar, así como también las pruebas o una señalización de quien la posee dichas pruebas en caso de que el invoque la acción no tenga acceso a ella.

 El juez sin plazo alguno conoce del caso, si no procede lo rechazara y ordenara el archivo del expediente, pero si procede, el juez ordena un informe exponiendo los antecedentes, con un plazo de 3 días.

 Luego se efectúa el juicio con la contestación de pruebas, comparecencias e informativos testimoniales.

 Dentro de los próximos 2 días el juez debe de leer sentencia acogiendo o rechazando el amparo, la cual podrá ser recurrida según el artículo 581 del Código de Procedimiento Civil Paraguayo.[3]

  

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

 

En la República Oriental del Uruguay, la acción en amparo no se establece de forma expresa en la constitución, no obstante se interpreta a través de los artículos de la misma.  (Arts  7, 72 y 332).[4]

 Es considerado el amparo es por encima del Habeas Corpus la garantía de principio por proteger los todos los derechos fundamentales exceptuando el de la libertad física.

 El amparo en Uruguay no procede contra:

A) no procede en defensa de la libertad física, como ya mencionamos.

B) los actos jurisdiccionales.

C) los actos de la corte electora, entre otras.

 Los tribunales competentes son según el artículo 320 de la ley 16226, en la Capital de Uruguay son competentes los Juzgados Letrados de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo, en las demás provincias la competencia le pertenece a los Juzgados Letrados de 1ra. Instancia del Interior, y el resto de las materias son competentes los jueces en lo civil  penal,  laboral, etc.

 

PROCEDIMIENTO

 

Se presenta el interesado mediante un escrito ante le tribunal competente exponiendo al tribunal a quien se lo dirige las calidades, los hechos, las causas, la contraparte y derechos a reclamar, con las firmas de su apoderado o abogado.

 El plazo de prescripción para interponer la demanda es de 30 días según el artículo 4 de la Ley 16011 sobre el amparo.

 Si la demanda es improcedente según el artículo 2 de la Ley el Juez la rechazará y ordenará el archivo definitivo.

 Si es acogida se convoca a una audiencia pública dentro del plazo de tres días de la presentación de la decisión.

 

REPUBLICA DE COLOMBIA

En la República de Colombia la acción de amparo es conocida como “la tutela”, la cual es considerada como la acción mas eficaz e importante para la defensa de los derechos fundamentales.

 Esta acción está contemplada y regulada por la Constitución, y por otras leyes. La tutela es muy avanzada, esta “consiste en la protección inmediata de los derechos fundamentales, ante las acciones u omisiones de las autoridades o de los particulares -en los casos en que determine la ley”.[5]

El procedimiento de la tutela esta establecido en el Decreto No. 2591 del 19 de noviembre del 1991.[6]

Esta puede ser ejercida hasta por un menor de edad o incapaz, por escrito o verbal si no sabe escribir y debe contener la solicitud lo siguiente:

a) Datos del solicitante.

b) Lo que da origen a la violación o amenaza del derecho fundamental, y especificar el derecho que se quebranta.

b) El autor que ocasiona el daño y los hechos más relevantes.

La tutela esta contemplada en la Constitución desde el artículo 86 al 91, que versan de la siguiente manera:

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

ARTICULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

ARTICULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.”

 

BIBLIOGRAFIA Y PIE DE PAGINA


[1] Código de Procedimiento Civil de Paraguay. Modificado por Ley Nº 600/95.

[2] El texto contentivo del procedimiento expresado en la legislación en sus artículo 565 y siguientes anexados a la presente memoria.

[3] Código de Procedimiento Civil de Paraguay. Modificado por Ley Nº 600/95.

[4] Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.

Artículo 72. La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.

Artículo 332. Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.

[5] http://www.scielo.cl/scielo.php

[6] Anexado a la presente memoria.

 

 

 

Esta es una disertación realizada antes del 2007 y quiero compartirla con ustedes. Muchas de estas legislaciones se han modificado por lo que estas informaciones sirven de datos históricos ya que no se encuentran actualizadas. País: República Dominicana. (Tesis presentada a fines académicos)

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