La Acción o Recurso de Amparo hasta el 2006 – Parte VIII (Documento Histórico)

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LA ACCIÓN DE AMPARO EN REPÚBLICA DOMINICANA.

 PREÁMBULO.

 Para la República Dominicana, ha existido desde el establecimiento de los Derechos la potestad del hombre antes estos para acceder a su protección mediante el Poder Judicial, no obstante la materia de amparo es muy reciente como tal en comparación con otras acciones.

 No existe una ley adjetiva que avale el procedimiento, no obstante tenemos conocimiento por interpretación de otras leyes y por que está establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 8 que trata de los derechos fundamentales.

EVOLUCIÓN. HISTORIA EN REPÚBLICA DOMINICANA.

A.  Convención, Pacto de San José.

 Contiene el siguiente artículo que es la columna vertebral de los derechos establecidos en nuestra Constitución:

“Artículo 25.  Protección Judicial

 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

  2. Los Estados Partes se comprometen:

 a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

 c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

B. Ratificación De La Republica Dominicana De La Convención Americana, Pacto De San José.

El Congreso Nacional Dominicano aprobó mediante Resolución No. 739, publicada en la Gaceta Oficial No. 9460 de fecha 11 de febrero de 1978, en la cual ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en fecha 25 de marzo de 1999, aceptó el Estado Dominicano la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

C. Constitución de la República Dominicana.

Nuestra primera Constitución fue promulgada el 16 de enero de 1844 contando con 211, siendo esta la legislación más importante de nuestro país, resultado de la lucha por la independencia.  Los primeros autores de nuestra Constitución se inspiraron en la Constitución de los Estados Unidos del año 1776, la Constitución francesa del año 1789 y la Constitución de Cádiz (España) del año 1812.

En esta se consagran como hemos mencionado anteriormente las bases de la  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789.

A través de los años se han ido haciendo revisiones y reformas de esta:

 Revisión del 1854. Reforma del 1854. Constitución del 1858. Reforma del 1865. Reforma de 1866. Reforma de 1868. Revisión de 1872. Revisión de 1874. Reforma de 1875. Reforma de 1887. Reforma de 1878. Revisión de 1879. Reforma de 1881. Reforma de 1887. Revisión de 1907. Reforma de 1908. Reforma de 1924. Reforma de 1927. Revisión del 1929-I. Revisión de 1929-II. Revisión de 1934. Revisión de 1942. Reforma de 1947. Reforma de 1955. Revisión 1959. Reforma de 1960-I-. Reforma de 1960-II-. Reforma de 1961. Reforma de 1962. Revisión de 1963. Acto institucional del 1965. Revisión de 1966. Reforma de 1994. Reforma del 2002-I-. Reforma del 2002-II. [1]

D. Leyes: Materia Tributaria y Acceso a la comunicación.[2]

Estas contemplan dos tipos de amparo que son considerados como excepcionales en tanto que acciones en justicia.

F. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia, del 24 de febrero de  1999, que instaura el procedimiento a seguir la Acción de Amparo.

En esta se establece el procedimiento de la acción, pues en República Dominicana no existe una ley adjetiva que establezca el procedimiento y en esta sentencia según el artículo 29, inciso 2 de la Ley No. 821 de Organización Judicial, expresa que: “Determinar el procedimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando no esté establecido en la ley, o resolver cualquier punto que para tal procedimiento sea necesario.”

Esta sentencia ha sido objeto de crítica, puesto que la Suprema Corte de Justicia actuó a propósito de un caso particular que se estaba conociendo.

G. Resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del 10 de junio de 1999.

En esta se delimita a solamente a atribuir la acción en amparo a las Salas Civiles del Juzgado de Primera Instancia, puesto que la Sentencia del 24 de febrero del mismo año hacía mención de que la competencia para el amparo eran los Tribunales de Primera Instancia (por lo que eran en todos, tanto los Tribunales Civiles, Penales y Laborales), pero al entender que el referimiento es de atribución civil y el amparo es regido por este, mediante esta resolución limita que sea solo el Tribunal de Primera Instancia en atribuciones civiles.

H. Proyecto de Ley del Recurso de Amparo.

“PROYECTO DE LEY MEDIANTE EL CUAL TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN RECURSO SENCILLO Y SIMPLE, DENOMINADO RECURSO DE AMPARO.”(Aprobada por la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara del Senado en fecha 9 de septiembre del 2003-proyecto expirado).

 En este proyecto de ley se establece será admisible solo cuando es violado cualquier derecho protegido por la constitución, exceptuando el de la libertad física que está salvaguardada por el hábeas corpus, no obstante se puede usar el amparo en cuanto a este derecho de la libertad si no se ha consumado. El nuevo Código Procesal Penal consagra la figura denominada Habeas Corpus preventivo[3], por lo que carece de importancia tratarlo en el proyecto; el Magistrado Samuel Arias Arzeno[4] en una interesante sentencia de fecha 28 de abril del 2003, acogió una acción de amparo donde preservó preventivamente la libertad de una persona.

Establece que el plazo para interponer la acción es de 30 días como en otros países que hemos estudiado anteriormente, luego por supuesto que el agraviado reconoce que ha sido violado su derecho o derechos.

Resulta una especie de trascripción de las generalidades del amparo de los países de Latinoamérica en el sentido de que se interpone por medio de un escrito que contenga a quien va dirigido, el asunto, descripción de los hechos y derechos y contra quien va dirigido.

Entre algunas observaciones que me parecen importantes es que no se declarará nulo ningún acto por vicio de forma y el juez tiene un papel activo en cuanto a las medidas que se puedan tomar.

I. Resolución de fecha 2 de septiembre del 2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Donde se establece: “que persiguiendo el recurso de amparo conjurar vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas protegidos por la Constitución y otros instrumentos de igual jerarquía, en forma rápida y expedita, resulta contrario a esa finalidad permitir que las decisiones adoptadas por el juez del amparo sean susceptibles de demanda en suspensión de su ejecución de parte del resulte perdidoso, pues ello le restaría eficacia a la acción de amparo como recurso sencillo, rápido y efectivo”. Por lo que no le es aplicable el artículo 12 de la Ley de Casación No. 3726 del 29 de diciembre del 1953.[5] El fundamento básico para adoptar esta postura se basó en la naturaleza constitucional de la acción.

Cabe señalar que la atribución del Presidente de la Corte de Apelación en materia de suspensión de la ejecución provisional en virtud de los artículos 130 al 141 de la Ley 834 mantiene plena vigencia.

BIBLIOGRAFIA Y PIE DE PAGINA


[2] Expuestos en el Punto. 5.1.1 y 5.1.2.

[3] Art. 381 del Código Procesal Penal Dominicano: “Procedencia.- Toda persona privada o cohibida en su libertad sin las debidas formalidades de ley o que se viere inminentemente amenazada de serlo, tiene derecho, a petición suya o de cualquier persona en su nombre, a un mandamiento de habeas corpus con el fin de que el juez o tribunal decida, sin demora, sobre la legalidad de la medida de privación de libertad o de tal amenaza…..”

[4] El Magistrado Samuel Arias Arzeno, fue Juez de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, y en la actualidad es Juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

[5] Art. 12.- (Reformado por el artículo 8 de la Ley No. 845 de 1978). A solicitud del recurrente en casación la Suprema Corte de Justicia puede ordenar que se suspenda la ejecución de la sentencia impugnada, siempre que se le demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios a dicho recurrente, en caso de que la sentencia fuere definitivamente anulada.

La demanda en suspensión será interpuesta por instancia firmada por abogado, y que el recurrente hará notificar a la parte recurrida. La notificación de la instancia suspenderá provisionalmente la ejecución de la sentencia impugnada, hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva acerca del pedimento. La parte demandada puede impugnar la demanda en suspensión por escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia dentro de los cinco días de la notificación de la instancia. Transcurrido este plazo, la Suprema Corte de Justicia decidirá en Cámara de Consejo, sin asistencia de abogados, si concede o no la suspensión. Cuando la demanda de suspensión fuere desestimada, la parte recurrida podrá ejecutar la sentencia impugnada después de obtener previamente del Secretario un certificado en que conste que la suspensión fue denegada. Cuando la demanda fuere acogida la Suprema Corte de Justicia deberá fijar por el mismo auto, la fianza en efectivo que prestará el recurrente para garantía del recurrido la cual se hará mediante consignación en la Colecturía de Rentas Internas de Santo Domingo. Esta fianzaconstituirá un privilegio especial en favor exclusivamente del recurrido, hasta la concurrencia de su crédito. El Secretario de la Corte no expedirá la copia certificada del auto de suspensión si no se le entrega el correspondiente recibo de consignación. A falta de esta entrega dentro de los ocho días subsiguientes a la fecha del auto éste perimirá de pleno derecho y la sentencia podrá ser ejecutada por el recurrido.

En materia de divorcio, de separación de bienes, de nulidad de matrimonio, de cancelación de hipoteca y de inscripción de falsedad, el recurso de casación es suspensivo de pleno derecho, sin que sea necesaria la solicitud de suspensión.

 

 

Esta es una disertación realizada antes del 2007 y quiero compartirla con ustedes. Muchas de estas legislaciones se han modificado por lo que estas informaciones sirven de datos históricos ya que no se encuentran actualizadas. País: República Dominicana. (Tesis presentada a fines académicos)

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